De Cáceres de toda la vida /
JOSÉ MARÍA SAPONI
En sentido figurado, el término «transparencia» se utiliza para caracterizar una práctica social guiada por la sinceridad y por la accesibilidad a toda la información, que concierne e interesa a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un solo individuo. El objetivo primero de la transparencia, es establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al concepto de opacidad.
Desde la acción política, la transparencia supone dar a conocer lo más detalladamente posible aquellas decisiones y resoluciones que se toman desde los órganos de Poder, o desde las Administraciones, y también de las motivaciones que les ha conducido a ellas, los objetivos a alcanzar y las justificaciones precisas, además de proporcionar información sobre los proyectos y actividades, y también sobre el manejo de los fondos.
En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas reciben. Hoy día es una de las principales exigencias de los ciudadanos, en relación a los responsables políticos, a los actores y gestores económicos, y a los funcionarios administrativos.
A partir de ahora se tienen que dar a conocer datos inéditos como, por ejemplo, los contratos menores de la Administración, que se harán públicos cada tres meses
En España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ha entrado en vigor recientemente y empieza a funcionar en un momento en que la corrupción ocupa gran parte del debate público, tiene como fin cambiar la mentalidad en la Administración Pública y su objetivo es ser algo así como una auditoría ciudadana. España era uno de los pocos países de Europa, que no tenía una legislación de estas características, era una deuda histórica del ordenamiento jurídico con los ciudadanos, ahora el Gobierno de Rajoy ha decidido proponerla al Congreso de los Diputados y ha sido aprobada con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y ha recibido el rechazo del PSOE, La Izquierda Plural, UPyD y el resto del Grupo Mixto.
La ley tiene como objetivos: incrementar la transparencia, y garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, estableciendo además las obligaciones de buen gobierno en todos sus departamentos ministeriales y servicios públicos. Además, establece la creación de un Consejo de Transparencia, adscrito al Ministerio de Hacienda, y, como medida estrella, la puesta en marcha de un portal electrónico para canalizar las consultas y las publicaciones
Lo cierto es que partir de ahora se tienen que dar a conocer datos inéditos como, por ejemplo, los contratos menores de la Administración, que se harán públicos cada tres meses. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y las empresas privadas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas, tienen obligaciones de transparencia. En gran medida, esta ley contribuye a ir acabando con el ‘vuelva usted mañana’ o ‘no podemos facilitarle esa información’.
Un gobierno transparente es aquel que lucha en primera instancia por encaminar al país por la vía del desarrollo, lo cual implica un aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos.
