No contaban con esta movilización masiva de ciudadanos. El anuncio de la empresa interesada cobraba forma apenas este verano y, tras un periodo de prudencia, el posicionamiento público tomó partido claramente por rechazar tal intervención. Cuando decimos “público”, nos referimos a la plataforma ciudadana que se creó para capitalizar el rechazo al proyecto: “Salvemos la montaña de Cáceres”. Un colectivo que desde los albores del planteamiento se ha distanciado con la presunción de inocencia que nuestras autoridades públicas concedían a la mina de litio de Valdeflores. La Junta se amparaba en lo complicado de este tipo de licencias ambientales y que “de momento no habían pedido licencia de explotación, sólo permisos para catas de terreno”. Nadie se posicionaba con rotundidad porque este tipo de decisiones se miden a nivel político. Entre tanto, la ola de rechazo popular fue creciendo y sumando simpatías en la ciudad gracias a concentraciones y manifiestos. Había que sacudir el árbol porque este tipo de batallas se gana también en los medios y las redes. Y así se ha ido construyendo lo que a a día de hoy es una de las victorias ciudadanas más importantes de los últimos tiempos.

Es cierto que el PSOE regional no apoyó abiertamente el proyecto, pero no es menos cierto que no hubo una negativa frontal. De ser así, la empresa hubiera parado las catas o no hubiera llegado a generarse una UTE entre la australiana Plymouth Minerals (75%) y una filial de la española Sacyr, Valoriza Minería (25%). Con un horizonte nublado la empresa Tecnología Extremeña del Litio nunca hubiera tomado forma. Este tipo de monstruos empresariales sondean antes las posibilidades de prosperar. A veces, subestiman el poder del pueblo olvidando que la soberanía reside en los habitantes de un territorio. No basta con promesas de empleo y riqueza. La montaña de Cáceres es uno de nuestros símbolos más sagrados. Pasa desapercibida hasta que alguien intenta dinamitarla.

Elena Nevado dejaba clara su oposición. La mina no se hace. El PSOE cerraba la puerta a una hipotética modificación del PIR como resquicio para colar el proyecto, ante la llamada de atención del colectivo que trata de atajar cualquier hipotética vía legal.

Ha ganado el sentido común. ¿Por qué le cuesta tanto a nuestros políticos reconocer que su rectificación se debe a la oposición popular? Es de sabios asumir equivocaciones. Lo es mucho más escuchar al pueblo.


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