La temperatura de las palabras /
José María Cumbreño
En 1985, con Felipe González como presidente del gobierno, se crearon los conciertos educativos con centros que hasta entonces habían sido privados. En ese momento se justificó arguyendo que era una forma de regular las asignaciones que recibían esas instituciones y de obligarles a cumplir una serie de requisitos. Detrás estaba también la llegada a las aulas de los niños de la generación del “baby boom”, lo que sorprendió con el paso cambiado a los dirigentes y les obligó a tomar esa medida por culpa de su falta de previsión al respecto.
Sea como sea, siempre se dejó claro que aquello era una solución provisional, que la educación concertada era subsidiaria de la pública y que sólo resultaría necesaria en aquellos lugares donde la pública no llegase. Sin embargo, a la vista está, los años han ido pasando y esa situación, que, como se ha dicho antes, iba a ser transitoria, no sólo no ha dejado de serlo, sino que se ha convertido en algo aceptado e incluso fomentado por todos los gobiernos que llegaron después.
La semana pasada, el Movimiento Social por la Escuela pública reclamó en Asturias “la paulatina desaparición de los conciertos educativos”. Solicitaba también que el gobierno (en esta caso regional, pero vale lo mismo para el nacional) “demuestre que realmente apuesta por una educación para todos y no por la concertada, como ha venido haciendo en los últimos años, que, de forma lenta pero constante, ha ido en aumento, con los consiguientes desvíos de fondos públicos hacia la empresa privada».
Y es que una mentira, por muchas veces que se repita, sigue siendo una mentira. Porque no es cierto que la educación concertada nos salga más barata ni que la pública no pueda absorber a todos los alumnos. Eso es algo que se ha venido repitiendo una y otra vez para que terminásemos creyéndolo. Pero no. Definitivamente no es así.
Si hablamos de educación, debemos acostumbrarnos a eliminar de nuestro vocabulario la palabra “gasto” y sustituirla por “inversión”. A los gobernantes hay que exigirles que se dejen de excusas y que inviertan en educación el dinero suficiente como para garantizar un futuro digno a las nuevas generaciones. A ello hay que añadir que en España continuamos sin poner en duda ciertos bulos que se aceptan como verdades indiscutibles. Una de ellas: que lo privado es mejor que lo público. A este respecto habría que recordarles a los padres que escolarizan a sus hijos en centros concertados que las personas que dan clase allí no han pasado jamás por oposición alguna en la que hayan demostrado su aptitud para desempeñar esas funciones. Por supuesto que una oposición no representa el sistema perfecto. No obstante, constituye una garantía de que los docentes de centros públicos al menos se han ganado el puesto según unos criterios de capacidad, mérito e igualdad. ¿Quiere esto decir que los profesores de la concertada sean malos? En absoluto. Aunque, las cosas como son, tampoco han demostrado lo contrario. El procedimiento habitual para impartir clase en la concertada suele ser: comprar la plaza, ser antiguo alumno o contar con familiares o conocidos dentro del colegio en cuestión. Juzguen ustedes mismos y luego decidan en manos de quién desean dejar la educación de sus hijos.
No nos engañemos. Detrás de la proliferación de centros concertados late una cuestión ideológica. En la concertada (es únicamente un ejemplo) apenas hay alumnado procedente de minorías en riesgo de exclusión. Y que conste que los padres (lo reconoce la ley) son libres de escoger qué tipo de enseñanza quieren proporcionar a sus hijos. Eso sí, si no desean que esa formación la reciban en el sistema público, deberían pagarla ellos y no los demás. Los centros concertados tienen que ir transformándose, poco a poco, en privados. La verdad, no conozco muchos casos en los que uno monte una empresa y, a continuación, pida que el sueldo de sus trabajadores corra por cuenta del Estado.
Por cierto, Finlandia, país que constantemente se cita como muestra de éxito educativo, cuenta con un 3% de centros concertados, mientras que en España representan el 31%. A ver si es verdad que tratamos de seguir su modelo.
