Extremadura es una región de abismales desigualdades. Algunas, provocadas por condicionantes externos, como el letargo ferroviario al que llevamos sometidos tras la desidia de PP y PSOE, que se tiran los trastos a la cabeza para ver quién tiene más responsabilidad en este empobrecimiento paulatino y desalentador. Mientras unos luchan por independizarse del resto de España, otros sueñan con sentirse parte. Y es que esto de la identidad está profundamente relacionado con las oportunidades. Extremadura ha sido abandonada a su suerte en un páramo sin comunicaciones.

Sin embargo, hay ocasiones en que la desigualdad también se fomenta desde dentro, como es el caso del Impuesto de Sucesiones que se debatía la semana pasada en la Asamblea de Extremadura. Los socialistas alegan que es un impuesto justo y que no pueden prescindir de este ingreso. Un fatal error fruto de la miopía política y la ignorancia fiscal. Se trata de un impuesto de ámbito estatal pero cedido a las autonomías para su aplicación. Aquí se ejecutan liquidaciones con un sanguinario revanchismo hacia las clases altas, que ya tuvieron la precaución de empadronarse y trasladar su sede fiscal a una región sin este lacerante impuesto. Es algo anacrónico que penaliza el ahorro, pues obliga a los herederos a rendir cuentas por algo que el fallecido ya pagó con creces durante su vida. Es un impuesto contra la igualdad, pues no se aplica en todo el territorio con idénticos criterios. Morir en Extremadura es infinitamente más caro que en Madrid. Qué paradoja. Es un impuesto confiscatorio y discrecional, pues se calcula con valoraciones interesadas en base a un coeficiente público que mide la revalorización de las propiedades. Casi nada.

La semana pasada el PSOE dio un estacazo a la clase media de esta región. Miles de familias esperaban una rectificación en este tipo de políticas fiscales que solo genera fuga de capital y falta de competitividad. En otras regiones los herederos pueden desgravarse la cuantía del impuesto poniendo en marcha actividades o generando empleo. En otros territorios, como Madrid, solo pagan cuando hay una venta de por medio y, por tanto, plusvalía. Andalucía, otra de las regiones con mayor presión fiscal de España y menos desarrollada, está reformando la ley para que sea más equilibrada. Aquí no. Aquí seguimos pensando que en esta región hay ricos que deben pagar más, cuando la realidad es que apaleamos a la clase trabajadora, que ve cómo ni siquiera morir sale gratis.


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