No hace falta ser excesivamente avezado para darse cuenta de que la empresa que consiguió hacerse con la licencia para operar el aeropuerto de Badajoz hace un par de años tenía mucho de apariencia y muy poco de solvencia. Si recuerdan ustedes, esta compañía ganó el concurso de adjudicación frente a otras dos empresas más por cuestiones estrictamente económicas. Su oferta era la más ventajosa con diferencia. Tanto, que reducía en más del 50% la base de licitación por la que el Gobex sacaba el concurso. Exactamente la compañía pedía una compensación por operar el aeropuerto de 1,8 millones en concepto de inversión publicitaria. La cantidad por la que se licitaba el contrato superaba los cuatro millones de euros. Sacamos esto a colación, casi tres años después, porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha eximido a la empresa de indemnizar a la Junta con 307.000 euros en concepto de daños y perjuicios por interrumpir las operaciones, pero no porque el Ejecutivo no esté armado de razones, sino porque básicamente lo ha presentado fuera de plazo. Y aún más: tendremos que devolverle a Hellit los 76.000 euros de fianza que depositaron en nuestras arcas públicas.
Parece ser —y acaba de conocerse— que la mesa de contratación desestimó un documento que registraron fuera de plazo justificando que su oferta titánica se debía a un error en la interpretación: querían decir en realidad el doble, 3,6 millones. Lo que es increíble es que unos y otros nos hayan provocado el problema que tuvimos entonces, un servicio lamentable y deficitario, y el que tenemos ahora, de credibilidad e imagen. En estos casos hay que hablar y escribir en plural. Se trata del dinero de todos los extremeños y alguien en todo este proceso ha cometido una nefasta negligencia. ¿Nadie va a responder por esto? ¿Ni siquiera pedir perdón por tamaña equivocación?
La administración tiene dos varas de medir. Sus errores los sufragamos entre todos los contribuyentes, pero sin embargo, son inmisericordes cuando cometemos algún desliz fiscal. Es entonces cuando todo el peso de la ley cae sobre nosotros sin piedad, y en todo caso, nos dan la posibilidad de defendernos previo paso por taquilla. Extremadura es una de las regiones con la presión fiscal más alta, pues a los impuestos nacionales hay que sumarle el expolio de Sucesiones y Donaciones, por más que hayan intentado maquillarlo con una ley tributaria de medias tintas. Abróchense los cinturones y feliz vuelo.
