La correcta conservación de los edificios será regulada mediante Ordenanza municipal y los incumplimientos por parte de sus propietarios podrán ser sancionados con entre 600 y 6.000 euros.

La vigilancia y control sobre el estado de los edificios, fundamentalmente de los inmuebles de más de 50 años de antigüedad, va a ser en la ciudad más rigurosa y periódica. Será así al estar regulada mediante ordenanza, en concreto la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de los Edificios, que ha aprobado de forma inicial la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos (C’s) y la abstención de Cáceres Tú.

El objeto de dicha ordenanza es el de regular en el término municipal las obligaciones de los propietarios de determinados inmuebles para, a través de una evaluación realizada por técnicos competentes y en base a la normativa vigente, proceder periódicamente a la inspección de los mismos. En definitiva, un Informe de Evaluación de los edificios que es “la comprobación administrativa del cumplimiento, por parte de sus propietarios, del deber legal de conservación y rehabilitación de los mismos”.

Cada informe de evaluación de edificios realizado por los técnicos tendrá una vigencia de 10 años

En cuanto al ámbito de aplicación de esta ordenanza, será para todas las edificaciones catalogadas, independientemente de su antigüedad, dentro de la normativa de la CCAA de Extremadura sobre protección del patrimonio histórico-cultural, o equivalente.

Afectará, entre otros, a todos los edificios, públicos o privados, de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad igual o superior a 50 años, así como a los edificios o viviendas unifamiliares, con independencia de la antigüedad, que quieran acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética.

Vigencia y sanciones

El informe de evaluación del estado de conservación, que tendrá una vigencia de 10 años, podrá ser favorable o desfavorable según se detecten o no deficiencias, y también en función de los parámetros detectados.

Así, se considerará desfavorable, en concreto, cuando se constaten deficiencias que puedan afectar a la estabilidad del edificio y representen un peligro para la seguridad de las personas; y también cuando haya deficiencias producidas por falta de conservación o deficiencias que deban ser enmendadas.

Y en lo relativo a sanciones, se contemplan multas económicas que oscilarán entre los 600 y los 6.000 euros.

Otros asuntos

En otro orden de cosas, la Comisión Municipal de Urbanismo dictaminó sobre la propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal en lo referido al polígono industrial de la avenida Juan Pablo II, para el que se pretenden modificar los parámetros de ocupación, retranqueo y reserva de plazas de aparcamiento, y que se calificó de viable por unanimidad.

También se aprobó la modificación de Estatutos de la Junta de Conservación del Parque Empresarial Mejostilla Industrial; y con los votos a favor de PP y PSOE, y en contra de C’s y Cáceres Tú, se aprobó el expediente de permuta de un local situado en el Puente de San Francisco por otro en Residencial Universidad.

Luz verde a la modificación del PGM para ampliar el Palacio de Justicia

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, ha informado favorablemente la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) de Cáceres relativo a la ampliación del Palacio de Justicia, acuerdo que el equipo de Gobierno municipal ha calificado de “muy buena noticia” por ser “un paso más para dotar a Cáceres de nuevas infraestructuras judiciales, de gran necesidad”.

Cabe recordar que con el proyecto presentado se incrementarían las instalaciones del actual Palacio de Justicia en 7.500 metros cuadrados, que servirán para albergar la sede del Instituto de Medicina Legal, la Gerencia Territorial de Justicia, la Fiscalía, los servicios de apoyo a los órganos judiciales, los archivos y otras dependencias judiciales; consiguiéndose con ello que todo el sistema judicial cacereño esté unido e intercomunicado.


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