Los acuerdos económicos entre Israel y Palestina han asegurado una continuada dependencia y sumisión de la economía palestina a la de la ocupación.
La economía palestina ha carecido de independencia durante siglos. Como las economías de otros países árabes, durante cuatro siglos la economía palestina fue sujeta al control y al expolio de las autoridades otomanas. Después sería el régimen colonial británico el que reinaría sobre Palestina hasta que la Nakba arrancara a los palestinos de su tierra en 1948. Tras la ocupación, el poder colonial israelí tomó control de la economía palestina. Todo esto hizo de una economía ya débil un objetivo fácil de manipular y de destruir, creando la gestión israelí de la economía palestina profundas disparidades estructurales en el seno de la sociedad palestina.
Cuando los acuerdos de Oslo fueron firmados el 13 de septiembre de 1993, se dijo que Palestina sería testigo de una enorme prosperidad económica y que devendría en algo similar a Hong Kong. Pero desde Oslo, a pesar de múltiples esfuerzos por empoderar su economía, Palestina no se ha convertido en Hong Kong, ni en nada cercano al mismo. De hecho, los acuerdos de Oslo y sus diferentes apéndices –tales como el Acuerdo de Seguridad del Cairo de 1994 o el Protocolo Económico de París del 29 de abril de 1995– situaron de lleno al pueblo palestino en una posición de vulnerabilidad ante la ocupación israelí, de forma semejante a ser atrapado en el Triángulo de las Bermudas.
La primera punta del Triángulo de las Bermudas de la economía palestina es el bloqueo económico establecido por la declaración de principios de los acuerdos de Oslo de 1993, que especificaba que los poderes y responsabilidades de la Autoridad Palestina no debían interferir con los intereses de la ocupación. El protocolo económico de París de 1995 consolidó otra vertiente del imposible compromiso económico de Palestina, al reforzar el control israelí sobre la economía palestina, sin dar espacio a la independencia. Finalmente, al conferir la gestión de la seguridad en Gaza y Cisjordania a los servicios de seguridad palestinos, liberando a las fuerzas de seguridad israelíes de sus responsabilidades, los acuerdos de Oslo cerraban el triángulo.
Entender el alcance del sufrimiento económico del pueblo palestino requiere ser consciente del contexto de nuestra economía y de los factores que la determinan. Los primeros de estos factores son las políticas israelíes y sus estrategias para el control y la destrucción de Palestina y de su economía. La ocupación israelí de palestina fue diseñada originalmente para expulsar a los habitantes palestinos, confiscar sus hogares, tierras, y recursos naturales. Para así reestructurar su economía y someterla a la de Israel.
Debemos examinar la ecuación que conforma Israel, al ser el bando con una poderosa y sofisticada economía, y los palestinos, que tienen una economía tradicional de base agrícola. En esta ecuación, la economía fuerte (la israelí) usa a la débil (la palestina) para aumentar los beneficios para su pueblo. A cambio, esta explotación deforma la economía palestina.
Si bien no existen grandes diferencias en términos poblacionales entre Israel y Palestina, sí hay enormes diferencias en el tamaño de sus respectivas economías: el Producto Interior Bruto (PIB) de la Autoridad Palestina en 2013 era de 5.000 millones de dólares en Cisjordania y 2.500 en Gaza (sumando un total de 7.500 millones de dólares), mientras que el PIB israelí alcanzó los 290.600 millones de dólares. El PIB per cápita en 2013 fue de 2.200 dólares en Cisjordania y de 1.200 dólares en Gaza (con una tasa combinada de 3.000 dólares). El PIB per cápita medio de Israel ronda los 36.000 dólares[1].
Considerando este contexto, podemos ver que, en definitiva, el Protocolo Económico de París no buscó sino el control sobre el desarrollo económico de Palestina y prevenir la posibilidad que supusiera un verdadero desafío a la economía israelí. El Zeytuna Center for Studies and Consultancy lo explica así:
Este protocolo no fue un acuerdo de cooperación económica entre dos estados en el sentido literal de la palabra, sino un acuerdo para regular la relación entre la economía palestina y la ocupación, para mantener el control de la segunda sobre la primera. Una de sus principales características es el establecer el control continuado sobre los bienes, las personas, y las transacciones por tierra, mar y aire. Y, con ello, el control de movimiento sobre las exportaciones e importaciones, y lo que es más, sobre la recaudación fiscal de la Autoridad Palestina, que conforma alrededor del 60% de sus ingresos, a la vez que el uso de estos ingresos para el chantaje y la subyugación del pueblo palestino[2].
Estos acuerdos desiguales han fomentado una débil y frágil economía palestina, que fue conscientemente subordinada a la economía israelí. Asimismo, la financiación exterior de la economía palestina por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se basa en la privatización, lo que aumenta las cargas de los ciudadanos palestinos. Un proceso no casual, sino planeado. Shimon Peres, el Primer Ministro israelí durante la primera fase de las negociaciones, incluyó en su equipo a numerosos hombres de negocios y a representantes de los intereses económicos israelíes. El objetivo de estos hombres de negocios israelíes era el de transformar la ocupación en una empresa de tipo colonial en la cual los palestinos no pudieran alcanzar la autonomía[3]. Estos acuerdos económicos no han supuesto ningún desarrollo positivo para la economía palestina. En su lugar, han promovido la pauta que ha prevalecido desde 1967, es decir, el control unilateral de Israel sobre el sistema de aduanas.
Desde 1967, todas las tasas y aduanas de productos importados fueron absorbidos por Israel, independientemente de si esos bienes procedían o se dirigían a los territorios ocupados. Este sistema incumplía claramente la cuarta Convención de Ginebra. El control israelí de las aduanas resultó en pérdidas masivas para la economía palestina: entre 1970 y 1987, Palestina perdió entre 6 y 11 billones de dólares, lo equivalente al 13% de sus ingresos, provenientes de recaudación tributaria absorbida arbitrariamente por Israel. En 1995, el Protocolo de París dictaba que las autoridades israelíes debían devolver los ingresos de las aduanas existentes en los territorios ocupados a la Hacienda palestina. Pero el acuerdo no estableció un mecanismo claro que indicase cómo Israel debía devolver los fondos de reserva a la tesorería palestina, así como tampoco evitó de manera efectiva la manipulación de la cantidad que Israel debía a Palestina [4]. Además, independientemente de las condiciones del acuerdo, Israel continúa hoy en día reteniendo los ingresos tributarios de Palestina, lo que muchas veces deriva en el castigo del pueblo palestino en su conjunto por resistir la ocupación israelí.
Un estudio preparado por el Alternative Information Center y la Fundación KAV indica que Israel también ha retenido dinero a los trabajadores palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados que trabajan en Israel[5]. Éste deduce dinero de los cheques de los trabajadores con la excusa de proveerles de beneficios sociales comparables a los trabajadores israelíes. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de los fondos recaudados de los trabajadores palestinos son destinados al Ministerio de Finanzas israelí y a la Unión Federal de Trabajadores de Israel; de hecho, el 92% deducido por Israel al pago a la seguridad social de los trabajadores palestinos en caso de tercera edad, discapacidad, desempleo y manutención infantil ha sido transferido al Ministerio de Finanzas israelí. El reducido número de trabajadores palestinos que realmente recibió sus derechos de seguridad social fueron aquellos que sufrieron accidentes laborales o perdieron su trabajo por la quiebra de sus empleadores. El estudio concluía que la cantidad total, con intereses, que Israel debía a esos trabajadores palestinos entre 1970 y 2009 asciende a 8 millones de dólares.
La criminal cantidad de deuda que Israel debe a los palestinos pone de manifiesto el problema estructural al que se enfrenta la economía palestina, a pesar de los numerosos planes estratégicos de desarrollo “sostenible” presuntamente lanzados desde el nacimiento de la Autoridad Palestina. Hasta ahora, el único resultado de estos esfuerzos ha sido la caída de los salarios y el nivel de vida de los palestinos debido al aumento de los costos y el creciente desempleo.
Según un informe de 2015 del Palestinian Central Bureau of Statistics, el PIB de Palestina cayó un 2,5% en 2014 en comparación a 2013, resultando en un PIB per cápita un 5% más bajo que en 2013. Además, el número total de trabajadores palestinos en el mercado laboral local ha permanecido estable durante 2014 en comparación con 2013, a pesar del aumento natural de la población. La tasa de desempleo se incrementó un 27% en 2014 frente al 24% de 2013.
El lamentable estado de la economía palestina es el resultado directo de unos procesos históricos y políticos que permitieron a Israel anexionar Palestina y su economía. La completa cooptación de la economía palestina ha consistido en un largo proceso de control de los estándares del mercado israelí, y explotando a la alta proporción de fuerza obrera palestina en el mercado negro de Israel. Estos mecanismos se han combinado con el control de Israel sobre el mercado y los impuestos extranjeros.
Desafiar el pésimo estado de la economía palestina y las políticas que aseguran sus debilidad solamente es posible a través de estrategias económicas radicales como parte de los procesos de liberación nacionales, políticos y sociales. En este contexto, el pueblo palestino debe centrarse en la importancia de la solidaridad social y buscar vías de resistencia dentro de la estrategia económica palestina. Esto requiere una inversión de todas las capacidades disponibles: luchar contra la corrupción, fortalecer la solidaridad social, la buena gestión de los recursos humanos y naturales, y el establecimiento del bienestar del sector público e infraestructuras como la primera preocupación de este movimiento. Debemos resistir cualquier intento de supeditar las necesidades básicas de la población al brutal mercado de trabajo gobernado por la economía neoliberal de Israel.
