El ayuntamiento adjudica definitivamente la contrata del servicio público del agua a la empresa privada Canal Isabel II.
Después de muchos avatares judiciales y burocráticos en un proceso en el que las empresas han afilado los cuchillos para sacar tajada de la gestión de un recurso natural limitado y escaso como es el agua, parece ser que cerramos capítulo (de momento) en este sentido.
El pleno ordinario del mes de noviembre ha aprobado la adjudicación definitiva de la contrata del servicio municipal del agua a Canal Isabel II, después de que el Ayuntamiento de Cáceres decidiera retirar del orden del día de la sesión plenaria de octubre esa adjudicación, debido la reclamación administrativa presentada por Acciona, que lleva desde 2012 ofreciendo el servicio.
Se trata de la mayor contrata municipal que adjudica el consistorio cacereño, ya que alcanza un volumen económico que supera los 300 millones de euros, en los 24 años que durará la concesión. La batalla judicial se viene produciendo desde 2013, con diferentes sentencias que establecen que no se puntuó de forma correcta a las empresas que concurrían, obligando a retrotraer todo el proceso para hacer una nueva valoración Un proceso que arrancó en 2010, cuando se puntuaron por primera vez todas las empresas que concurrían al concurso público, seguido por una serie de recursos judiciales que culminaron con la adjudicación a Acciona del servicio del agua en el pleno de julio de 2011.
Se trata de la mayor contrata municipal que adjudica el consistorio cacereño, ya que alcanza un volumen económico que supera los 300 millones de euros
Ahora, el ayuntamiento (y el gobierno actual) cumple con la sentencia que anulaba el anterior concurso, en el que resultó adjudicataria la empresa Acciona.
Mientras que IU lamenta que puedan surgir nuevos recursos judiciales, el PSOE defiende el buen trabajo de los técnicos del consistorio durante todo el proceso y el PP da luz verde da luz verde a una semi privatización de un recurso como el agua. Porque si una empresa privada gestiona este servicio municipal y su mayor objetivo es maximizar beneficios, cabría preguntarse: a) para qué tenemos gestores en los ayuntamientos, si delegan determinadas funciones en otras empresas y b) si le parecerá lo suficientemente rentable a la empresa adjudicataria ocuparse de los caudales ambientales, la protección de riveras y la depuración de aguas residuales.
«Esto no es el final del contrato y debería haber responsabilidades políticas por lo que ha sucedido» explica la portavoz de IU, Margarita González-Jubete.
Por su parte, el concejal del PSOE, Miguel López, anteriormente en el gobierno local de Carmen Heras, subraya que «el proceso que se realizó fue intachable, aunque posteriormente fuera revocado por un tribunal, porque nadie tiene la verdad absoluta».
El ayuntamiento cumple con la sentencia que anula el anterior concurso en el que resultó adjudicataria la empresa Acciona
En respuesta a la oposición, el portavoz del equipo de gobierno, Valentín Pacheco, se congratula de que la adjudicación definitiva se haya hecho a Canal Isabel II y, en respuesta a los posibles litigios a los que se refiere González-Jubete, Pacheco sentencia: «afrontaremos lo que tenga que venir en un futuro, como hemos hecho hasta ahora».
Rentabilidad
La escasa rentabilidad de facilitar el agua a los sectores más desfavorecidos podría ser otro de los aspectos que se vieran perjudicados por permitir que un recurso como el agua se vea gestionado por manos privadas. Y en este sentido, no hay mejor ejemplo que la situación que están sufriendo los residentes del poblado minero de Aldea Moret, otro de los aspectos que se trató en el último pleno municipal y que desgranamos más adelante.
Cabría preguntarse también qué sucedería si dicha empresa privada tuviese problemas financieros, y si esto pondría en peligro el suministro de un servicio básico para la ciudadanía, como es el agua.
El pleno municipal ha rechazado, con los votos en contra del PP, una moción presentada por el grupo IU-Verdes, que busca «dar solución al corte de agua que los vecinos del poblado minero de Aldea Moret están sufriendo» desde hace más dos semanas (al cierre de esta edición, el suministro de agua todavía no se había reestablecido, aunque se presume que los afectados llegarían a un acuerdo antes de que se iniciara una tercera semana con este problema).
Los vecinos se han negado a hacer frente a la factura del agua, por el elevado coste de la misma, aduciendo que no se corresponde a su consumo, sino a averías o fugas en la red de abastecimiento.
Desde el Gobierno local aseguran que son los afectados los que tienen que tomar una decisión, después de las diversas reuniones que el ayuntamiento ha mantenido con los vecinos. De esta forma, según el consistorio, para que los afectados puedan volver a recibir el agua en sus casas, deben dar de alta sus contratos con la empresa Acciona (que todavía gestiona el servicio en la ciudad).
Los afectados por el corte de agua han estado presentes en la sesión plenaria y han realizado un llamamiento a la «sensibilidad» de los gobernantes, «porque en esas viviendas residen muchas personas ancianas y enfermas, así como niños, que no pueden estar sin agua corriente».
Por su parte, el concejal socialista Miguel López se ha preguntado (retóricamente) «cómo se puede cortar el suministro de agua a unos ciudadanos que son los únicos que están sosteniendo esas viviendas y evitando que se vengan abajo» apunta López, aludiendo a la clasificación de Bien de Interés Cultural (BIC) que tiene el poblado minero.
Por último, la concejala de Medioambiente, María Teresa González, señala (también retóricamente) que «hay que entender que no podemos, desde el consistorio, incurrir en una ilegalidad pública y notoria». Y en referencia a que sea una zona declarada BIC, la edil subraya que si tienen el agua cortada es por el impago de las facturas y que «por esa regla de tres, a lo mejor tendríamos que pagar el agua a los inquilinos que tienen sus viviendas junto a la muralla almohade».
Al cierre de esta edición, la asociación de vecinos todavía no había decidido si rubricar el contrato de suministro con Acciona, como le insta el ayuntamiento, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el Ejecutivo extremeño (propietaria de las viviendas) de renovar la red de agua, si comprueba que es necesario, para prevenir averías o fugas.
Eduardo Villanueva /
