Lunes de papel
Emilia Guijarro

Las viejas aulas de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander han acogido estos días un Encuentro sobre diez años de la ley de la dependencia en España. Ha sido organizado por el Observatorio Estatal para la Dependencia y la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España y en él han chequeado el estado de situación de la ley desde su implantación. Una ley que sigue generando polémica pues afecta a la parte más vulnerable de la sociedad.

Nuestra vida se rige por los números, no en vano decimos que la ley más importante del Parlamento es la Ley de Presupuestos, que es un puro conjunto de números que van a determinar las políticas públicas relativas a la vida de los ciudadanos. La ley de Dependencia genera polémica por su financiación insuficiente. Se financia por tres vías, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la aportación que hacen los beneficiarios a través del “copago” y si analizamos los números podemos ver lo que de verdad importa.

En el análisis de las cifras correspondientes al año 2016, y, resumiendo lo que dicen los números, vemos que el gobierno central sigue recortando la aportación a las Comunidades Autónomas para la financiación de la ley. Si en 2015 dedicó un escaso 18 por ciento, en 2016 se ha reducido al 17’4. De cada 100 euros el Estado dedica solo 17’4, cuando debiera aportar el 50 por ciento. Pero los números de las comunidades también dejan aspectos sorprendentes y constatamos que no es un todo homogéneo. Cada comunidad dedica a la atención de las personas dependientes diferentes recursos económicos. Y también vemos que de un año para otro la financiación sube o baja en los territorios dependiendo de la voluntad política y la inquietud social de sus gobernante por los más débiles.

Pero si hay un dato que llama la atención es que la segunda comunidad que más ha reducido el gasto público por persona dependiente es la catalana, (hay que ahorrar para urnas y referendum). Mientras todas las comunidades incrementan en mayor o menor medida el gasto público por persona dependiente, La Rioja y Cataluña y Madrid lo han reducido. En el polo opuesto la que más los ha incrementado ha sido la valenciana y nuestra comunidad, según los datos consultados, es la segunda que más aporta. La verdad está en los números, y, mientras el país discute de fronteras, la lista de espera de personas dependientes sin atender se dispara hasta 340000. Hay subidas del copago, e irremediablemente, muchos de ellos morirán esperando recibir una atención digna.


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