Está dotado con 13,6 millones de euros y los beneficiarios recibirán el 75% del salario mínimo interprofesional más la parte proporcional de la paga extra
El desempleo para el segmento de población de los mayores de 45 años es una de las preocupaciones de la Administración regional, por este motivo el GobEx aprobó en diciembre la convocatoria de una versión exclusiva para mayores de 45 años. En este caso, el programa se incluye dentro del Sistema de Garantía de Adultos, con una dotación de con una dotación de 13.607.082 euros.
En concreto, serán contratados por las entidades locales mediante la modalidad del contrato de formación y aprendizaje y recibirán el 75% del salario mínimo interprofesional más la parte proporcional de la paga extra. El importe máximo subvencionable por alumno y año será de 15.278 euros. La previsión es que la mayor parte de los proyectos tenga una primera etapa de formación y trabajo efectivo de entre 6 y 12 meses de duración.
Tras esta primera etapa, los participantes que la hayan superado con evaluación positiva y que así lo deseen, podrán desarrollar una segunda fase de prácticas no laborales en empresas por un período de entre uno y tres meses. En esta etapa de prácticas el alumno recibe una beca de entre 200 y 600 euros, según la duración de las mismas.
Las entidades promotoras beneficiarias serán las mismas que las del programa @prendizext, solo varían los destinatarios: personas desempleadas e inscritas en los centros de Empleo del SEXPE mayores de 45 años. El plazo para optar a esta convocatoria de subvenciones finalizó el pasado 11 de febrero.
Con esta convocatoria de subvenciones y las ayudas a los ayuntamientos para contratar a desempleados de larga duración —convocadas el pasado 19 de diciembre con una dotación de 8 millones de euros—, el Gobierno regional pone en marcha el Sistema de Garantía para Adultos, con lo que Extremadura se convierte en la «primera» región de España y de Europa en desarrollar una iniciativa de estas características.
Gracias a ella «se reforzarán» las medidas que se dirigen a este colectivo «prioritario» en las políticas del empleo del ejecutivo.
