El pulmón verde de la ciudad alcanza casi al completo su extensión definitiva que le ha supuesto al Ayuntamiento un coste de más de 30 millones de euros, de los que tiene aún pendiente de pago 5,4 millones en concepto de intereses de expropiaciones.
El número 30 se ha convertido en la insignia del Parque del Príncipe, así después de más de 30 años el parque ha alcanzado su extensión casi definitiva con unas 30 hectáreas por cuya ampliación el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar más de 30 millones de euros en el pago de expropiaciones e intereses de las mismas, lo que ha supuesto una auténtica sangría para las arcas municipales.
El área del Parque del Príncipe ha sido calificada como suelo verde urbano dentro de los distintos Planes Generales Municipales, el último de 2010, lo que ha llevado a las distintas corporaciones, sobre todo en la etapa del 2002 al 2009 a realizar expropiaciones a los dueños o acuerdos mediante permutas para obtener esos suelos calificados como verdes urbanos para poder acometer la ampliación del parque.
Aunque las expropiaciones se remontan a casi 30 años, y por ello, el ayuntamiento en pleno, a propuesta del Grupo Municipal CáceresTú (CCTú-Podemos), ha acordado crear una comisión para investigar estas operaciones sobre terrenos particulares y empresas, así como el devengo del pago de intereses al que tiene que hacer frente la Administración local.
La primera ampliación del Parque del Príncipe y por tanto la primera gran expropiación fue en 2001. En el segundo mandato de José María Saponi (PP) se cerró un acuerdo con la empresa Promeimsa para la consecución de 4,4 hectáreas que fueron permutadas por terrenos urbanizables en el Parque del Rodeo y El Perú sin coste económico para el ayuntamiento, aunque la valoración determinaría el precio del resto.
Poco después se pagarían 6,3 millones de euros por 19.000 metros cuadrados a GP Promoción del Suelo, de los que quedaba pendiente el pago de 1,5 millones en concepto de intereses de demora cifrados por auto judicial y a los que se va a hacer frente con el adelanto del canon del agua por parte de la empresa concesionaria Canal de Isabel II.
Sentencias
En los distintos expedientes de expropiaciones que ha realizado el ayuntamiento encontramos justiprecios cifrados en 3,7 millones de euros, 3 millones, 1,8 o 1,7 así hasta completar los más de 30 millones d euros que se ha pagado por la ampliación, en muchos casos tras sentencias judiciales que llegaron en sus recursos hasta el Tribunal Supremo.
Sentencias que han ido elevando los justiprecios. El caso más llamativo es el de GP Promociones del Suelo en el que el Jurado de Expropiación Forzosa valoró tres terrenos en 655.000 euros cuando la empresa pedía 14,5 millones. Los propietarios recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) cerró la cifra en los 6,3 millones de euros que se han abonado.
Uno de los últimos casos es la sentencia del TSJEx de 28 de febrero de 2010, que condenaba al ayuntamiento cacereño a pagar 3 millones de euros por una finca de casi 3.000 metros cuadrados y que incluye una vivienda con garaje, pista de tenis y piscina.
En la legislatura pasada y en lo que llevamos de esta con Elena Nevado al frente (PP), se han hecho frente a casi a la mitad de estos pagos, unos 15 millones de euros, pero la sangría a las arcas municipales no cesa y las expropiaciones se han convertido en «una losa» para las cuentas públicas, como la propia alcaldesa ha reconocido en más de una ocasión .
Para hacer frente a estos pagos se ha tenido que acudir a concertar operaciones de crédito con la banca como el de 8,7 millones de euros con CaixaBank o el adelanto del pago del canon del agua .
Y es que al haber sido recurrido la mayoría de los justiprecios dictados por el Jurado de Expropiación Forzosa y con la demora de los procesos judiciales ahora se están sucediendo los autos por el pago de intereses de esas expropiaciones y hay un acumulado pendiente de pago de 5,4 millones de euros de una veintena de expedientes que se remontan en algunos casos a 30 años.
A pesar de todos estos esfuerzos económicos, las actuaciones en el Parque del Príncipe no han acabado por completarse. La adquisición de terrenos se da casi por terminada a falta de una pequeña propiedad dentro de una finca expropiada y quedaría pendiente el acondicionar dichos terrenos de la costosa ampliación.
Para esta intervención el equipo de Gobierno ha solicitado dinero a Europa y después del verano se sabrá si se dispone de los 5,5 millones que cuesta el proyecto que incluye doce espacios nuevos. Habrá que esperar a esta respuesta europea y también a los resultados de la comisión de investigación para dar por completado el pulmón verde de Cáceres treinta años después.
2002. El Ayuntamiento expropia por 6,3 millones de euros a la empresa GP Promoción del Suelo 19.000 metros cuadrados, cantidad a la que ahora hay que sumar 1,5 millones de euros en concepto de intereses.
2007. El Ayuntamiento expropia a un particular 3.000 metros cuadrados por valor de 3,7 millones de euros. Queda pendiente de pago 1,7 millones de euros de intereses.
2010. El Ayuntamiento expropia a otro particular 3.000 metros cuadrados que incluyen una vivienda con un coste de 3 millones de euros. Queda pendiente el pago 669.00 euros de intereses.
El Ayuntamiento está pendiente de que se apruebe después del verano el proyecto de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), con el que se aspira a poder conseguir unos 15 millones de euros de fondos europeos, de los que 5,5 millones irán destinados a actuaciones en el Parque del Príncipe en los terrenos de la última ampliación de 8,2 hectáreas.
La alcaldesa, Elena Nevado, lo presentó hace algo más de un año como «el proyecto estrella» de la legislatura y contempla la creación de doce espacios nuevos entre los que se encuentran dos estanques, parque geométrico, salón de los cerezos, zona de juegos, un mirador y un kiosko, así como la plantación de unos mil árboles, casi 40.000 metros cuadrados de arbusto y 12.500 plantas aromáticas.
Un proyecto, por otra parte, condicionado a los fondos europeos y del que la oposición considera que presenta unas líneas de actuación «difusas» y «poco concretas» y que plantea un modelo de ciudad «sin escuchar a los ciudadanos».
Isabel Valdés /
