50edb023e4b05c9c22c461de

Con dos sentencias que fallaron a favor del derribo del complejo turístico, su ejecución sigue aún pendiente de un informe de la Estación Biológica de Doñana dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para conocer si finalmente se llevará a efecto. Mientras, la empresa responsable del ‘resort’ sigue anunciando la venta de apartamentos de lujo.

Exclusivos apartamentos de uno a tres dormitorios en la mejor ubicación de la Isla, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas. Así se sigue anunciando en la página web el macrocomplejo turístico construido en una isla del pantano declarada zona Red Natura 2000 de protección ambiental como si nada hubiese pasado.

Pero sobre esta construcción pesan dos sentencias: una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014 que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR), aprobado por la Junta de Extremadura en el 2007, que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción del mismo y que obligan a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original.

Con esta situación, la Junta, que es la que debe demoler el complejo, presentó ante el TSJEx un escrito en el que argumenta la «inejecución de la sentencia» y entre los motivos que alega está el alto coste, calcula unos 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo, así como que la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) sobre la que se construyó «tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes».

Impacto medioambiental

Algo que niegan las dos organizaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que fueron quienes denunciaron este caso hace ya casi una década, y aseguran que en un espacio que estaba «virgen y protegido han avasallado a sus anchas».

En cuanto a la actualidad judicial del caso, el TSJEx en marzo de 2015 dictó un auto en el que encargaba a la Estación Biológica de Doñana dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, un informe para aclarar si efectivamente las aves han ganado en calidad de vida y si desde el punto de vista medioambiental es mejor mantenerlo o no. Un informe que fue solicitado hace más de un año y del que aún no se sabe nada.

Sobre el mismo, la activista de Ecologistas en Acción, Paca Blanco, dice que el antiguo director de la Estación que era el encargado de elaborar el informe «fue despedido y no sabemos quién se está encargando ahora».

«Parece que hay un interés porque el caso no avance y no se pueda desahuciar a los pobrecitos de las casa de lujo» ha resaltado Blanco, quien dice que «se está mareando la perdiz para no tirarlo como está ocurriendo con el hotel del Algarrobico».

La activista asegura que por lo menos hay una decena de proyectos urbanísticos a la espera de que «no se cumpla la sentencia» en parajes naturales como la Garganta de los Infiernos o el Pantano de Borbollón y espera que la Isla de Valdecañas «sea un referente y no de pie a construcciones ilegales».

Modificación de la Ley

Para la abogada de Adenex, María Ángeles López, lo más preocupante del caso es que el no cumplimiento de la sentencia «sería un retroceso democrático porque las leyes están para cumplirlas».

A este respecto señala que en países como Estados Unidos «se cumple la Ley y luego se cambia para que no vuelvan a ocurrir esos casos» y en cambio, lamenta, que tres semanas después del fallo del TSJEx el Parlamento extremeño modificara la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000, es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico.

Paca Blanco recuerda que esa Ley fue modificada por el PSOE y el PP, y por este motivo, tacha de «cara dura» al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por hablar de una «economía verde» en el Debate de la Región «cuando ayudaron a que un rincón virgen y protegido fuera asaltado por una empresa privada y aún no han cumplido la sentencia». Una sentencia para la que todavía no hay plazos para conocer si finalmente será ejecutada o no.

El Cubo y el Algarrobico

Lamentablemente no todas las sentencias son igual de fácil de cumplir, y a lo largo de la geografía española existen casos de construcciones urbanísticas que han sido declaradas por los tribunales su demolición por no cumplir con la legalidad pero cuya ejecución se enzarza en un galimatías judicial que dura años y años.

Lo más cercano a la provincia cacereña es el caso del famoso Cubo de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Badajoz que el pasado mes de junio comenzó a derribarse cuando la primera sentencia condenatoria del TSJEx data de 2003, y el caso fue ya denunciado en el 2000 por la Asociación de Amigos de Badajoz.

Después de esa sentencia se sucedieron numerosos recursos y autos hasta la sentencia firme del Tribunal Supremo en 2013, a la que siguieron escritos de incidencia de ejecución y hasta una petición de indulto que al final no han conseguido mantener en pie esa nueva construcción después de dieciséis años de litigio.

El caso más mediático quizá sea el del hotel de Algarrobico en Carboneras (Almería), construido en un espacio protegido e invadiendo la servidumbre de protección de la Ley de Costas y que el Ayuntamiento de Carboneras cambió la declaración del suelo de no urbanizable a urbanizable para darle cobertura ilegal. Y que lleva años también a la espera de que se cumpla la sentencia de demolición.

Isabel Valdés /

Artículo anterior4.000 metros cuadrados de bricolaje
Artículo siguienteNon Servium, Los Zigarros, Los Chicos y Eskalari Rude Band se suman al cartel de la IV edición del Mayorga RockFest

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí